|
Todos
los indicios hacen pensar que los obispos españoles van a repetir
lo ocurrido en 1985 cuando, en los debates previos a la aprobación
de la ley despenalizadora del aborto, se limitaron a recordar la
doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando
la movilización clara e inequívoca de los católicos.
Hasta ahora tampoco habíamos encontrado ninguna alusión a la
posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un
Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas en caso –como es este-
de salir adelante la ley, tal y como ya lo están ahora con la
vigente.
Ahora bien, en relación con la aprobación de la ley que convierte el
crimen del aborto en uno más de los derechos reconocidos por el
democrático Estado español, hay que reconocer que en esta ocasión,
las alarmas se han disparado y ha sido el propio portavoz de la
Conferencia Episcopal el que ha bajado a la arena para escenificar
una defensa del Monarca responsable de la sanción de los textos
legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.
Y es que iniciativas como las promovidas desde Religión en Libertad,
han demostrado con argumentos jurídicos y teológicos contundentes,
que era posible esperar que el Jefe del Estado niegue la sanción de
la ley. Como todo hace pensar que don Juan Carlos de Borbón,
firmará, una vez más, la disposición que condena a muerte a cientos
de miles de inocentes no nacidos, la Conferencia Episcopal ha
decidido acudir en socorro del interpelado.
Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal que tuvo lugar ayer, los periodistas preguntaron hasta
siete veces a monseñor Martínez Camino por la situación del Jefe del
Estado ante la ratificación de la ley del aborto. Teniendo en cuenta
que la cuestión no pudo sorprenderle desprevenido se capta el
verdadero alcance de las respuestas:
“La situación de Su Majestad el Rey es única, ningún otro ciudadano
está en esa situación; no existe un principio general para su caso y
no hay una exhortación de la Conferencia Episcopal para ello, no es
necesario. No es que haya temor a hacerla, es que no es necesario”, afirmó.
Al insistir los periodistas, añadió: “El caso del Rey es único,
distinto del político que da su voto, pudiendo no darlo. La
Conferencia Episcopal no va a dar consejos ni declaraciones por el
acto del Rey, que es distinto al del parlamentario”.
Y al ser preguntado una vez más, afirmó: “La Conferencia
Episcopal no quiere pronunciarse sobre la responsabilidad del acto
único que hace el Rey. Y yo no voy a dar mi opinión particular como
moralista. El tema daría para escribir cuatro libros. No voy a dar
mi opinión porque la Conferencia no tiene un juicio ni lo va a
emitir”.
La doctrina de la Iglesia
Soy consciente de la agudeza crítica y del prestigio intelectual de
Monseñor Martínez Camino y alguien con su perfil no puede estar
convencido de las razones alegadas por él mismo, argumentos que se
refutan desde los más elementales principios de la moral católica y
que están en franca contradicción con los que fueron expuestos en
1985 por el entonces Obispo de Cuenca, don José Guerra Campos. Menos
aún se entiende tan exquisita prudencia a la hora de emitir un
juicio cuando están en juego millones de vidas humanas.
Recordemos, como ya hicimos en otros artículos, la doctrina expuesta
por monseñor Guerra Campos en una serie de intervenciones que
contienen la única expresión completa de la doctrina católica sobra
la legislación abortiva hecha pública por un obispo español. A
diferencia de Martínez Camino, Guerra Campos precisó la
responsabilidad de las autoridades concretada en los autores de la
ley entendiendo como tales el presidente del Gobierno y su Consejo
de Ministros; los parlamentarios que la voten y el jefe del Estado
que la sancione. Terminaba recordando que ninguna autoridad de la
Iglesia puede modifica la culpabilidad moral ni la malicia del
escándalo:
“A veces, se pretenden eludir las responsabilidades más altas como
si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de
testigos, registradores o notarios de la ‘voluntad popular’. Ellos
verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el
Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: ‘doy
fe’. Dice expresamente: ‘MANDO a todos los españoles que la
guarden”.
Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y
contumaces de lo que el Papa califica de ‘gravísima violación del
orden moral’, con toda su carga de nocividad y de escándalo social.
Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que
excluye de la Comunión a los que persisten en ‘manifiesto pecado
grave’. ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de
culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere,
sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que
los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio
elevando a comunicación in sacris la mera relación social o
diplomática.
La regla general es clara. “Los católicos que en cargo público,
con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan –y, en todo
caso, protegen jurídicamente- la comisión del crimen del aborto, no
podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como
tales habrán de ser tratados –particularmente en el uso de los
Sacramentos-, mientras no reparen según su potestad el gravísimo
daño y escándalo producidos”.
Menos aún hemos oído a los prelados que se han ocupado de la
cuestión del aborto en relación con la ampliación de la actual ley,
denunciar las raíces de la legalización del crimen en una
Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral.
El entonces obispo de Cuenca hacía unas afirmaciones que adquieren
ahora mayor actualidad:
“El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta
aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente
que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin
protección a los más débiles e inocentes”. (Y a propósito: ¿tienen
algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por
clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con
la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan
lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?).
¿Qué se puede esperar ahora?
Ahora solo cabe esperar que algunos obispos a título particular y
con toda la autoridad magisterial que les compete, se desmarquen de
la posición expresada por Martínez Camino y vuelvan a exponer y
actualizar la doctrina católica en relación con las leyes injustas y
con los responsables de su aprobación y aplicación. Esta reacción
–la de cada uno de los obispos sin el paraguas de la Conferencia
Episcopal- será un auténtico test que nos permita comprobar si
realmente se está produciendo un cambio a mejor del episcopado
español (como sostienen algunos con mejores deseos que capacidad de
análisis) o nos encontramos ante la enésima re-edición de la auto
demolición en su más ibérica versión taranconiana.
Teniendo en cuenta la gravedad del asunto tratado, a nadie debería
extrañar una intervención de la Sede Apostólica, tan activa en la
defensa de los derechos humanos. Sería muy deseable que Benedicto
XVI hiciera pública su posición para evitar que alguno de esos
especialistas en detectar malas intenciones le reprochen –como ya
hicieron con Juan Pablo II y el episcopado español- la aceptación
tácita de la Ley de 1985.
Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades
legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad
es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de
los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias
excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y
social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se
identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido
Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados
por los socialistas en la Ley del Aborto de 1985… O acudan a
manifestaciones promovidas por sedicentes pro-vida que evitan
cualquier referencia clara en contra de la legislación abortiva
vigente porque se oponen a la ampliación de la actual regulación
pero aceptan esta última.
En el fondo, toda la casta política y los millones de españoles que
la respaldan con sus votos, actúa al servicio del modelo político
implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro
pilares: la destrucción de la Nación (autonomías), la destrucción de
la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y
la destrucción de la vida (aborto). El árbol se plantó entonces,
ahora basta recoger sus frutos y lo único que admite una mínima
disputa es quién habrá de llevarse la cosecha.
Si hay alternativa, únicamente será posible en la medida que tenga
lugar la recuperación de la hegemonía cultural de la sociedad. Algo
que implica la lucha por la Verdad –que no se impone por sí misma- y
la capacidad de generar instrumentos coercitivos que, al amparo de
la ley, actúen como freno de las tendencia disgregadoras.
Ángel David
Martín Rubio
Religión en Libertad |
