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Terminado ya el proceso
electoral, con los resultados publicados y con todos los analistas
en plena vorágine de especulaciones combinatorias y futuribles
múltiples en orden a adivinar por dónde podrán ir los tiros de las
nuevas corporaciones locales y entes autonómicos que todavía están
en dudas, me voy a permitir hacer una pequeña reflexión personal, y
muy poco políticamente correcta, al filo de unas declaraciones
leídas al nuevo alcalde ‘popular’ de una gran ciudad gallega, que
sustituye a uno socialista.
Decía este ínclito
personaje que sus prioridades al frente del ayuntamiento serían la
creación de empleo y el mantenimiento de las políticas sociales, y
yo, no he podido por menos de quedarme perplejo ante tales
afirmaciones que me han parecido, cuando menos, psicodélicas.
Acostumbrados como estamos
al no pensamiento, a la consigna, al trazo grueso, a la confusión o
más directamente a la estupidez revestida de hallazgo intelectual
(véase el “programa” del 15-M), este tipo de declaraciones por parte
de un responsable político al que se le supone un cierto nivel, no
dejan de sorprender por su enorme carga demagógica –en el mejor de
los casos- cuando no, directamente, por su afán de mentir a los
ciudadanos que le han elegido.
Estando como está nuestro
país, metido en una crisis económica –de la que, no olvidemos,
Europa ya empieza a salir, en no muy buenas condiciones, pero a
salir-, debida en buena parte a las políticas seguidas desde las
administraciones públicas que la han agravado hasta límites
inconcebibles, se supondría que los nuevos regidores surgidos de las
urnas harían público acto de contrición y muy sincero propósito de
la enmienda; pero por lo anteriormente leído, parece que esto no va
a ser así.
Según la ideología de lo
políticamente correcto –sí, esa que se empeña en dirigir la vida de
cada ciudadano desde la cuna (si le deja nacer) hasta su final
(matándole cuando al Estado le convenga) y diciéndole siempre desde
lo que debe de pensar hasta cómo debe vivir, esas declaraciones no
dejan de ser coherentes; pero desde el punto de vista tanto de la
razón como de los frutos prácticos obtenidos por esas teorías, no
son más que una burda estupidez, un grosero insulto a la
inteligencia.
Sin duda, hoy por hoy, uno
de los más graves problemas con que se enfrenta España, es la
hipertrofia del Estado; con unas administraciones que lo invaden
todo, arrinconando cada vez más a las personas, exprimiéndolas y
explotándolas, cual si de un nuevo régimen esclavista se tratara,
hasta la saciedad. La partitocracia instaurada en nuestro país se ha
convertido en un cáncer que está matando a la sociedad y, en esto,
los ayuntamientos también han colaborado poniendo no su granito de
arena, sino una montaña de basalto.
Y como muestra, unos pocos
ejemplos nos aclararán sobradamente la gravedad del problema.
Creación de empleo
El Estado, o cualquier
otra de sus administraciones, no tiene como misión la creación de
empleo. Su función es permitir las condiciones necesarias para que
sean las personas quienes lo hagan. Debe remover obstáculos, adecuar
la fiscalidad, vigilar el cumplimiento de normas que aseguren la
igualdad de oportunidades para todos, vigilar la no explotación
laboral, la no discriminación, castigar la competencia injusta o
desleal, vigilar la salud laboral y de los productos fabricados… Y,
fundamentalmente, desde nuestra óptica falangista, promover la
desaparición del sistema capitalista –tanto de Estado como privado-
para que la sociedad autoorganizada pueda construir
una economía justa, al servicio y a la medida del hombre, es decir,
una economía sindicalista, que es precisamente la antítesis de esa
otra más o menos intervenida (cada vez más… más sovietizada) que tan
querida le es a nuestros políticos de uno u otro signo, y que en
este momento bajo la disculpa de la crisis avanza galopante en toda
Europa.
Políticas sociales, de
género, culturales… etc.
Bajo este epígrafe se
engloban toda una serie de acciones tendentes a modelar la sociedad
según un esquema totalitario; imponiendo nuevos modos de pensar y de
vivir que fomentan, básicamente, la sumisión del ciudadano al poder
establecido, mediante la fórmula perversa de la subvención.
La mejor política social
es el pleno empleo, con salarios dignos, con las personas trabajando
en empresas sindicalistas –es decir, de su propiedad, no del Estado
o del capital-, dirigiéndose a sí mismos, sin intermediarios ni
patronos. Todo lo demás no son mas que malos parches, compra de
votos y conciencias o, directamente, corrupción inherente a la
distribución arbitraria de los fondos públicos.
La única política de
género posible es la que considera a hombres y mujeres como
pertenecientes al mismo género: el Género Humano. Hombres y mujeres
son valiosos no en función de su sexo, no tienen más o menos
derechos por pertenecer a uno de ambos. Sus derechos vienen dados
por su condición de personas; por eso la ingerencia de los poderes
públicos en este tema no obedece más que a un afán demagógico de
crear causas artificiales a las que luego acogerse para, después de
creado un problema donde no existía, presentarse a ellos mismos como
la solución al mismo. Pura ingeniería social.
Las “políticas culturales”
obedecen igualmente a ese afán totalitario. Se trata de imponer
gustos, modas, hábitos… etc., de la mano de “intelectuales” al
servicio del poder que les compra. Con un sistema educativo pésimo,
esta “cultura” no es más que diversión, ocio subvencionado –circo
que dirían los romanos- para atontar, para distraer al pueblo. No es
misión del político meterse en estas cosas. El acto cultural es
básicamente un acto de libertad individual –colectiva pocas veces-
que pierde tal condición cuando está pagado –es decir dirigido,
subvencionado- por los poderes públicos.
Estos dos ejemplos nos
sirven sobradamente para ilustrar ese afán absurdo –totalitario- de
los organismo públicos por meterse en donde no les corresponde,
arrogándose el derecho a intervenir sin motivo alguno, creando
problemas donde no deberían de existir o invadiendo los espacios de
libertad de los ciudadanos.
Abundando sobre el tema,
se podría poner un clarísimo ejemplo en el que, teniendo
competencias que sí le son propias, salvo rimbombantes y demagógicas
declaraciones, esos poderes públicos no hacen absolutamente nada.
Medio ambiente y urbanismo
Desde que la moda del
ecologismo logró imponerse en nuestras sociedades, cualquier
político de cualquier organismo, se lanza periódicamente a
convencernos de lo mucho que su administración respeta y ama la
naturaleza, y trabaja por un mundo “sostenible”.
Todo muy bonito claro,
pero si esto fuera así ¿por qué, en una país que sufre de sequía
casi crónica, entre el 30 y el 40% del agua de las traídas se pierde
en las conducciones hacia las viviendas y nadie las repara? ¿Por qué
no se depura la totalidad de las aguas residuales que se vierten a
ríos y mares? ¿Por qué no se reciclan las basuras y se convierten en
abonos (compost) para ayudar a regenerar forestalmente una
naturaleza que se desertiza? ¿Por qué no se declara como prioritario
objetivo nacional la reforestación de nuestro páis, que se está
desertizando a notable velocidad? ¿Por qué no se hacen más parques y
jardines en las ciudades, para uso y disfrute de sus habitantes, y
sobre todo de los niños? ¿Por qué no se hace un urbanismo racional,
devolviendo las ciudades a las personas, peatonalizando,
ajardinando, enterrando el tráfico y los aparcamientos en el
subsuelo? ¿Por qué no se castiga la especulación del suelo que,
promovida por ayuntamientos y promotores inmobiliarios, ha sido una
de las causas importantes de esta crisis?...
Como vemos, ni siquiera en
los ámbitos competenciales que les son propios (aquí hemos puesto el
ejemplo de los ayuntamientos, pero se puede hacer extensible a
cualquier otra administración), son capaces estos representantes de
la casta parasitaria, de mostrar un mínimo de coherencia y de
eficacia.
Esa mentalidad de la que
todos, sean de izquierdas o de derechas, hacen gala, es la culpable
tanto de su incompetencia como de su estupidez. Es el pensamiento
burdo, es ese afán totalitario –no nos cansamos de repetirlo- el que
está colocando a España al borde del colapso, ya no sólo económico,
sino como nación.
Por eso frente a lo
políticamente correcto, pero socialmente suicida, hemos de levantar
la bandera de la Libertad, la bandera que reniega de este Régimen,
pero sobre todo del Sistema, encarnado ora en la izquierda ora en la
derecha y sus respectivos acompañantes. La bandera roja y negra de
una sociedad autoorganizada, de una sociedad de
Hombres Libres. |
