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El
ministro de Educación, Sr. Gabilondo, busca alcanzar un pacto
educativo entre los dos partidos mayoritarios y con los agentes
educativos, contando necesariamente con los padres de los alumnos.
Porque sin ellos no hay nada que hacer.
Una
vez aprobada la Ley Orgánica de Educación el gobierno socialista ha
impuesto su Educación para la ciudadanía como asignatura
obligatoria, que tiene ya notables dificultades y varias sentencias
en contra en tribunales autonómicos. En efecto, esa materia nace con
un pecado original por falta de consenso entre el Ministerio de
educación, los padres y la comunidad educativa, pero además suscita
serios reparos por constituirse el Estado en educador de la
conciencia moral de los jóvenes invadiendo competencias y derechos
de los padres. Y se añade un problema importante al conocer los
contenidos de esa materia que lleva instaurar un código ético
alternativo, por ejemplo, sobre la afectividad-sexualidad y la
naturaleza del matrimonio, y crear una nueva conciencia social
relativista sin referencia a valores morales objetivos.
A favor de la educación cívica
El
legislador ha pretendido ampararse en la normativa europea que en
2002 recomendaba una educación para la ciudadanía democrática. Pero
el Consejo de Europa quería evitar precisamente la desestructuración
y el relativismo que genera hábitos poco democráticos, como es la
tendencia a la abstención política, la apatía civil y la falta de
confianza en las instituciones democráticas. Quiere educar a los
jóvenes en los valores de la participación de la solidaridad y de la
tolerancia, evitando actitudes racistas, xenófobas, discriminatorias
o nacionalistas que impiden la estabilidad y el crecimiento
democrático. Pero en ningún momento esta normativa europea intenta
educar la conciencia moral de los jóvenes ni tomar postura sobre los
fundamentos prejurídicos de la legislación, y menos se inmiscuye en
el complejo mundo de la sexualidad, de los afectos o de la
naturaleza del matrimonio, porque consideran que le educación de la
conciencia moral no compete al Estado sino a la familia y a la
sociedad.
Quienes rechazan esa materia obligatoria y determinadas
orientaciones de la LOE no están contra la educación cívica y están
a favor de un sistema educativo basado en los valores humanos,
cívicos y democráticos; en cambio, sí rechazan el laicismo
antirreligioso, el relativismo ético, y el reduccionismo de la
ideología de género. Y con más razón si todo eso viene impuesto en
una asignatura obligatoria mientras se restan horas y ponen trabas a
una asignatura de religión que educa en los valores trascendentes de
la persona, el mejor estímulo para el trabajo solidario y la mejor
vacuna frente a la violencia. Porque los jóvenes necesitan ser
educados en el esfuerzo, en el valor del trabajo bien hecho y en el
respeto a la autoridad, para que no vayan por ahí destrozando el
mobiliario urbano, llenando las ciudades de graffiti narcisistas, y
las plazas con restos de un macrobotellón. Según informe del
Defensor del Pueblo el 30% de los alumnos sufre algún tipo de
violencia y casi un 4% es agredido físicamente, aunque una parte
importante de la violencia es silenciada.
Por
tanto es preciso desenmascarar la ceremonia de la confusión porque
los millones de padres y profesores, los miles de centros de
iniciativa social, y una buena parte de la comunidad educativa no
rechazan la educación en los valores democráticos y en las virtudes
de convivencia, todo lo contrario, pero sí que el Estado imponga una
asignatura obligatoria con sobredosis de ideología partidista. Hasta
ahora hubo acuerdo sobre la enseñanza de la ética porque se hacía
desde un planteamiento filosófico amplio enraizado en la tradición
occidental que ha contribuido a la buena formación teórica y
práctica para el ejercicio responsable de la libertad y en las
virtudes necesarias para la convivencia. Pero ante las nuevas
dificultades y el pluralismo cultural no se trata de implantar una
asignatura obligatoria que choca con las convicciones de muchos
padres y alumnos, porque está imbuida de una ideología relativista
que perjudica el desarrollo intelectual (no hay verdades objetivas
que valga la pena buscar y adherirse a ellas) y practica el
dirigismo sutil de las conciencias de los más jóvenes (sosteniendo
una idea intranscendente del hombre y una libertad desvinculada de
su fundamento en la verdad) [1].
El Estado no es educador moral
Los
padres y profesores intentamos educar personas en vez de vándalos
consentidos, y pedimos que se fomente, no sólo se tolere, la
religión y se enseñe el contenido de la Constitución, también los
artículos que hablan de la igualdad: «Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social» (Art. 14), y no se daría si los
alumnos que rechacen esa nueva asignatura son penalizados en su
expediente académico, porque se conculca su derecho y se invade su
conciencia. También esa Educación para la ciudadanía choca con el
Artículo 16 que dice: «1. Se garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá
ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».
Además es clave el Artículo 21 de la Constitución cuando dice: «Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones», lo cual parece choca
frontalmente con una materia obligatoria que intenta forjar las
convicciones de los alumnos en cuestiones como el matrimonio, la
familia, o la educación sexual, temas todos ellos de gran
trascendencia en la educación, proponiendo unos programas con otros
tipos de familia alternativos, nuevas experiencias afectivas y
emocionales, y orientaciones sexuales sesgadas. A esto hay que
añadir que la LOE plantea dificultades para la correcta comprensión
de la persona humana por presentar una visión reductiva que minimiza
la dimensión trascendente y espiritual del hombre, manteniendo una
relativismo moral y religioso que resulta desconcertante y poco
puede ayudar a la educación integral de los jóvenes, tal como
establece la misma Constitución: «La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales» (Art. 27, 2).
Las
autoridades eclesiásticas han manifestado también las graves
carencias que ven en esta nueva ley por su concepción reductiva de
la persona humana cerrada a la trascendencia y por el relativismo
acerca de la verdad instalado en la médula de esa Ley, que hace
prácticamente inviable la educación en el bien y en la cultura del
esfuerzo hacia todo lo que es valioso. Si no se transmite la verdad
sobre la dignidad de toda persona, sobre el valor de la vida humana
desde la concepción hasta la muerte natural, sobre el sentido de la
sexualidad y sobre la naturaleza del matrimonio, o sobre la ley
natural que es la más democrática que debe estar en la base de toda
ley positiva, entonces no será posible la buena educación y se podrá
evitar la desestructuración vital de los más jóvenes ni la
violencia. Concretamente, la nueva asignatura obligatoria titulada
Educación para la ciudadanía recoge los fallos de la LOE y los
aumenta al recabar para sí el Estado la educación moral de los
alumnos, en menoscabo de los padres y de la sociedad.
Riesgo de esquizofrenia moral
Si el
Estado se dedica a la educación moral en vez de garantizar el
derecho a la educación y la libertad de enseñanza, abandona su
necesaria neutralidad con el riesgo real de imponer una determinada
ideología. En el caso de la Educación para la ciudadanía se trata
del relativismo moral y religioso, con ribetes de laicismo, como los
ciudadanos hemos podido comprobar al recibir en los últimos años una
batería de leyes contra el matrimonio, al introducir el divorcio
exprés o imponer el matrimonio entre personas homosexuales; contra
la familia con la adopción por parte de esas parejas, negando de
hecho la paridad y complementariedad entre varón y mujer en el
ámbito donde es más necesaria; contra la dignidad de la persona con
la Ley de Investigación Bioética que permite la fabricación y
destrucción de embriones ignorando olímpicamente los resultados
buenos y económicos con las células madres adultas, o con la
ideología de género, según la cual la sexualidad no sería algo
natural, sino elegido por cada uno a al carta. Esta ideología
radical choca con la educación moral que la mayoría de padres quiere
para sus hijos, contribuyendo así a una esquizofrenia moral, cuando
estos reciban en la escuela unos planteamientos contrarios a lo que
desean sus padres y al ideario de los centros educativos.
En
definitiva, los padres y la comunidad educativa libre pedimos que
los alumnos aprendan desde niños, en teoría y práctica, que todo
derecho comporte un deber, que han de ser solidarios con el
prójimo, y que nada bueno van a conseguir con la violencia, pero
parece que para eso haría falta enfocar de otra manera la LOE.
Aunque haya un rechazo amplio de esta mala ley y de esa asignatura
obligatoria no estamos contra una materia que trate de educar
ciudadanos responsables y libres, que conozcan sus derechos y
cumplan bien sus deberes, que estudien los fundamentos del sistema
democrático de libertades, el contenido de los derechos humanos, los
derechos de la familia, las instituciones del Estado de derecho y la
verdadera división de poderes, el sentido y funcionamientos de las
principales organizaciones internacionales como la Comunidad Europea
o la ONU, etc.
A la
luz de esto se entiende que la Conferencia Episcopal Española haya
dicho que esa concreta Educación para la ciudadanía es una «lesión
grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la
escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que
deseen para sus hijos», recordando que el Estado no puede suplantar
a al sociedad como educador de la conciencia moral [2].
Por
eso el Ministerio de Educación no puede imponer una determinada
ideología estatal con la dudosa Educación para la ciudadanía, que
poco tiene que ver con la educación de unos ciudadanos libres y
responsables. Si fuera una materia de libre elección y no entrara en
las conductas personales no implicadas directamente en la
convivencia democrática, entonces se podría aceptar, pero se
trataría ya de otro proyecto y de una ley abierta al consenso de los
padres y de la comunidad educativa.
Jesús Ortiz es Doctor en Pedagogía
Arvo.net
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[1] «Por otro lado, los centros educativos del Estado,
perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes
han optado por la religión y moral católica otra formación moral no
elegida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que
el carácter propio otorga a quienes estudian en centros de
iniciativa social católica. En los centros estatales estudian la
mayor parte de los hijos de padres católicos. En cualquier caso,
todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos,
ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida
por él o por sus padres: "ni una supuestamente mayoritaria, ni la
católica, ni ninguna otra" (Declaración de 28 febrero)». (n. 12).
C.E.E., Nueva declaración sobre la ley orgánica de educación (LOE) y
sus desarrollos: profesores de religión y "ciudadanía". 21-VI-2007.
[2] «el Estado se arroga un papel de educador moral que no es
propio de un Estado democrático de Derecho. Hablamos de esta
"Educación para la ciudadanía". Otra diferente, que no hubiera
invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera
atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento
constitucional y de las declaraciones universales de los derechos
humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable» (n.
11). Ibidem. |
